LA JORNADA
Piden garantizar la vida y la integridad física de Verónica Villalvazo y su familia
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Todos los Derechos Para Todas y Todos manifestaron su preocupación por las recientes amenazas a la periodista y activista Verónica Villalvazo –conocida como Frida Guerrera–, por haber participado en la denuncia del feminicidio de la joven Victoria Pamela Salas Martínez, ocurrido en septiembre del año pasado.
En una carta dirigida a Edmundo Garrido Osorio, titular de la Procuradoría General de Justicia de Ciudad de México, ambos colectivos calificaron como preocupantes las expresiones de saña y odio contra Frida Guerrera, por ser también un mensaje contra quienes defendemos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y visibilizamos los feminicidios.
Según el OCNF y la Red TDT –integrada por 85 organizaciones de 23 estados de la República–, desde el pasado 2 de julio la activista ha recibido amenazas de muerte por medio de Facebook, en las cuales se alude al acompañamiento y denuncia del feminicidio de Salas Martínez, cuyo cuerpo fue encontrado el 2 de septiembre de 2017 en un hotel de Ciudad de México con visibles huellas de brutalidad y violencia.
Los dos colectivos señalaron que, además de las agresiones directas contra Villalvazo, se ha registrado la revictimización y criminalización de Pamela Salas, al difundir una imagen fotográfica en la que presuntamente se le ve portando un arma de fuego.
Sin embargo –además de la estatura– la familia no identifica señas particulares de la joven, lo que demuestra la plena intención de crear una imagen falsa para criminalizar a la víctima y responsabilizarla de su muerte.
Por todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos llamaron a las autoridades capitalinas y federales a esclarecer el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez; garantizar la vida e integridad física de Frida Guerrera y su familia; investigar a los autores materiales e intelectuales de las amenazas en su contra, y generar las políticas públicas necesarias para garantizar la labor de periodistas y defensoras de los derechos humanos en condiciones de libertad, igualdad y seguridad.
